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Rubén Alexis Hernández Es triste decirlo pero es la cruda realidad que se vive en Venezuela, o mejor dicho que vivimos los asalariados, con particular gravedad quienes laboramos para la administración pública y percibimos algo más que un sueldo mínimo. Y no se puede hacer referencia a un sueldo como tal, considerando que con el mísero ingreso que recibimos cada quincena, a duras penas podemos comprar algunos alimentos y poco más.   Un salario, aunque sea el mínimo, debería al menos satisfacer en parte ciertas necesidades materiales, sociales e intelectuales tanto del trabajador como de su familia más cercana (como sus hijos); debería equivaler aproximadamente al costo de la canasta básica, según se expone en la propia constitución venezolana, específicamente en el artículo 91. Entonces, ¿cómo se puede denominar al ingreso que percibimos los asalariados en Venezuela? Sin lugar a dudas se trata de una especie de colaboración que dan los patronos del sector público y del priva

Rubén Alexis Hernández La pandemia por la COVID-19 ha ocasionado lamentables consecuencias para la humanidad, derivadas fundamentalmente de la cuarentena o aislamiento social obligatorio y la paralización o semiparalización de actividades en diversos ámbitos. De particular gravedad resulta, en el caso de América Latina,   el hecho de que instituciones importantes para la defensa de los ciudadanos (al menos en teoría), como la Defensoría del Pueblo y aquellas encargadas de proteger al consumidor respecto a los abusos de los comerciantes, prácticamente están fuera de funcionamiento justo en tiempos de brutal represión policial-militar, aumento de la delincuencia común y organizada, violaciones continuas de derechos humanos, auge de los delitos económicos por parte de los capitalistas y suspensión injustificada de garantías constitucionales. En fin nos encontramos en un claro estado de indefensión, nefasto para el ciudadano común, pero ideal para el orden capitalista-delincuencial,