En Venezuela no ganamos un sueldo, sino una mísera colaboración
Rubén
Alexis Hernández
Es
triste decirlo pero es la cruda realidad que se vive en Venezuela, o mejor
dicho que vivimos los asalariados, con particular gravedad quienes laboramos
para la administración pública y percibimos algo más que un sueldo mínimo. Y no
se puede hacer referencia a un sueldo como tal, considerando que con el mísero
ingreso que recibimos cada quincena, a duras penas podemos comprar algunos
alimentos y poco más. Un salario, aunque
sea el mínimo, debería al menos satisfacer en parte ciertas necesidades
materiales, sociales e intelectuales tanto del trabajador como de su familia
más cercana (como sus hijos); debería equivaler aproximadamente al costo de la
canasta básica, según se expone en la propia constitución venezolana,
específicamente en el artículo 91.
Entonces,
¿cómo se puede denominar al ingreso que percibimos los asalariados en
Venezuela? Sin lugar a dudas se trata de una especie de colaboración que dan
los patronos del sector público y del privado a los explotados de turno; una
miserable “limosna” que aquellos justifican (irracional y perversamente), hoy
día, por los efectos económicos de la
pandemia por COVID-19, derivados de la cuarentena y la semiparalización
económica global. Pudiera incluso señalarse, sin exagerar, que somos algo
así como unos indigentes laborales, que
trabajamos no para vivir con dignidad, sino para sobrevivir como mejor podamos.
Ciertamente hay una situación económica extremadamente compleja tanto en
Venezuela como en el resto del mundo, pero ni la élite política ni el alto
empresariado de la nación caribeña, sufren de manera relevante las consecuencias
negativas de la crisis global, que sí recaen con todo su peso sobre los pobres.
De
manera que en Venezuela, un país rico en recursos de todo tipo, irónicamente la
mayoría de su población vive en situación de pobreza y de miseria, percibiendo
los asalariados no un sueldo como tal sino una especie de colaboración mísera,
que no alcanza ni de cerca para satisfacer las necesidades básicas del
trabajador y de su familia más cercana. Vivimos prácticamente en la indigencia
aún como fuerza productiva, mientras que el alto funcionariado público exige
nuestro sacrificio económico, en nombre de una seudorevolución en tiempos de
coronavirus, con la pandemia de COVID-19 como excusa nefasta. Funcionariado
para el que el artículo 91 de la constitución importa nada o casi nada, debido
obviamente a que no ve afectado su
bolsillo, tanto por sus ingresos salariales como por las entradas derivadas de
diversas actividades oscuras e ilícitas.
Por
cierto, ya que dicho artículo representa un derecho constitucional de los
trabajadores en Venezuela, incumplido y violado abiertamente, no es
descabellado introducir una demanda masiva laboral contra el Gobierno de Maduro,
a la cabeza del Estado venezolano hoy día. En tal sentido ya algunos han planteado
llevar a cabo este procedimiento jurídico, si bien es poco probable un
resultado exitoso en el marco burgués del sistema judicial.
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